Protocolo frente al acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, así como su reglamento de desarrollo, obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a implementar protocolos de actuación frente al acoso y violencia contras las personas LGTBI en el ámbito laboral.

Esta implementación no solo cumple con los requisitos legales, sino que proporciona un compromiso de la organización con los derechos de todas las personas que forman parte de la organización, independientemente de su orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales.

En un mercado laboral donde los valores corporativos son cada vez más determinantes en las decisiones de las personas a la hora de elegir dónde trabajar, este tipo de compromisos tiene un impacto directo en la capacidad de atracción del talento.

Elaboramos protocolos adaptados a la realidad de cada organización, asesoramos en las negociaciones obligatorias exigidas por las normas, definimos las conductas de riesgo, las medidas de prevención y sensibilización, establecemos canales de denuncias conforme a la ley, los procedimientos de investigación con plenas garantías, medidas correctivas, régimen disciplinario, seguimiento y revisión periódica.

Ventajas de su implantación

Cumplimiento de la Ley 4/2023

Protección de personas LGTBI

Impulso de valores corporativos inclusivos

Atracción y retención de talento

Implementación de un sistema de gestión

Las normas ISO y UNE posee la misma estructura normativa, lo que supone una ventaja cuando se pretende implementar varias, ya que me permite una integración plena.

Nuestro servicio en esta materia se basa en la realización de las siguientes actuaciones:

Conocimiento de la organización, identificando las actividades y procesos
Identificación de riesgos, análisis y evaluación de estos
Definición de objetivos del sistema
Determinación de los recursos necesario para la implementación
Implementación de un canal de denuncias
Elaboración de políticas, procedimientos y demás medidas para mitigar los riesgos
Formación de las personas interesadas o Stakeholder
Monitorización, revisión y mejora continua del sistema