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Protección de los Menores de Edad

LOPIVI

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, supone un cambio de paradigma en la forma en que las organizaciones, con independencia a su tamaño, carácter o lucro, deben relacionarse con los menores de edad.

Esta norma impone a todas las organizaciones públicas y privadas que en el ejercicio de su actividad profesional o voluntaria tengan contacto habitual con menores una obligación de protección de estos. No basta con no causar daño, es necesario crear entonos seguros, detectar situaciones de riesgo y actuar ante ellas con protocolos claros y personal formado. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas e incluso responsabilidad penal.

El ámbito de aplicación de esta ley es muy amplio, incluyendo el educativo, sanitario servicios sociales, deportivo y de ocio y entorno digital.

Acompañamos a las organizaciones en el cumplimiento integral de la norma, desde el diagnóstico de la situación hasta la implementación de las medidas exigidas, tales como la elaboración del Protocolo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, mecanismos de denuncias conforme a la legislación, asesoramos en el nombramiento y funciones del Coordinador o Delegado de Protección, en su caso, formación y sensibilización y seguimiento y revisión del sistema para garantizar su eficacia.

Ventajas de su implantación
Obligación legal para entidades con contacto con menores
Creación de entornos seguros
Protocolos claros de detección y actuación
Implementación de un sistema de gestión
Las normas ISO y UNE posee la misma estructura normativa, lo que supone una ventaja cuando se pretende implementar varias, ya que me permite una integración plena.
Nuestro servicio en esta materia se basa en la realización de las siguientes actuaciones:
  • Conocimiento de la organización, identificando las actividades y procesos
  • Identificación de riesgos, análisis y evaluación de estos
  • Definición de objetivos del sistema
  • Determinación de los recursos necesario para la implementación
  • Implementación de un canal de denuncias
  • Elaboración de políticas, procedimientos y demás medidas para mitigar los riesgos
  • Formación de las personas interesadas o Stakeholder
  • Monitorización, revisión y mejora continua del sistema