La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, obliga a todas las empresa de más de 50 trabajadores, así como aquellas que realizan servicios y productos financieros o de inversión, entidades aseguradoras, quienes estén obligados a la prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medioambiente, entidades públicas y entidades que reciban fondos públicos, a implementar un canal de denuncias que permite que comunicar, de manera anónima y confidencial, cualquier comportamiento o actitud que pueda constituir una infracción o una irregularidad dentro de la empresa.
La norma exige que no sea meramente un buzón o un formulario, sino que sea un sistema estructurado de gestión de comunicación con plazos, garantías, protección efectiva para las partes interesadas y un procedimiento de investigado riguroso y documentado.
El incumplimiento por parte de las empresas obligadas supone la imposición de sanciones económicas o responsabilidades empresariales o penales por la falta de detección de irregularidades o riesgos.
Un canal de denuncias eficaz permite a las organizaciones la detección temprana de problemas, lo que conlleva a un menor coste en su resolución. Además, este permite transmitir a los trabajadores, socios, clientes una imagen de integridad y transparencia, es decir un socio de confianza.
Nuestro servicio es acompañar a la organización en el diseño e implementación del canal, facilitándole un soporte tecnológico adecuado, la elaboración del procedimiento de gestión de las comunicaciones, formación de las partes interesada, redacción de la política de protección del informante y diseñamos los flujos y procedimientos de investigación con las garantías exigidas en la ley.
Ventajas de implantar ISO 9001
