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El artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales reconoce el derecho de las personas trabajadoras a la desconexión digital fuera del horario laboral y obliga a todas las empresas, con independencia de su tamaño, a elaborar una política interna que defina las modalidades del ejercicio de ese derecho y que incluya acciones de formación y sensibilización sobre el uso razonable de las herramientas tecnológicas.

Además del cumplimiento legal, las empresas que implementan políticas de desconexión garantizan la reducción de estrés y el agotamiento laboral, mejora la salud de la plantilla y reduce los riesgos psicosociales de los trabajadores, cumpliendo así con las responsabilidades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Diseñamos e implementamos protocolos de desconexión digital adaptados a la operativa de cada entidad, analizando la situación de partida y redactando las medidas concretas aplicables a cada colectivo o puesto, implementando un canal de comunicación, formando y sensibilizando y realizando la revisión periódica para evaluar su eficacia y su adaptación a las actualizaciones o modificaciones que se produzcan.

Contar con este sistema supone acceder a licitaciones públicas que exigen este requisito, reforzar la confianza de los clientes y de los socios comerciales, reducir los costes derivados de fallos y reprocesos y contribuir a construir una cultura de mejora continua que impacte directamente en la rentabilidad del negocio.

Ventajas de implantar la Desconexión Digital
Cumplimiento del derecho legal
Reducción de estrés laboral
Mejora del bienestar y salud de la plantilla
Implementación de un sistema de gestión
Las normas ISO y UNE posee la misma estructura normativa, lo que supone una ventaja cuando se pretende implementar varias, ya que me permite una integración plena.
Nuestro servicio en esta materia se basa en la realización de las siguientes actuaciones:
  • Conocimiento de la organización, identificando las actividades y procesos
  • Identificación de riesgos, análisis y evaluación de estos
  • Definición de objetivos del sistema
  • Determinación de los recursos necesario para la implementación
  • Implementación de un canal de denuncias
  • Elaboración de políticas, procedimientos y demás medidas para mitigar los riesgos
  • Formación de las personas interesadas o Stakeholder
  • Monitorización, revisión y mejora continua del sistema