Prevención del Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, impone a determinados sectores – entre los que se encuentran el financiero, auditories, abogados inmobiliarias, consultorías, notarias, asesorías y profesionales independientes, servicios postales y giros, juegos de azar y casinos, comercio de metales preciosos y joyas, comercio de arte y antigüedades, juegos de azar y casinos y fundaciones- la obligación de implementar un sistema de medidas de prevención que les permita detectar y comunicar operaciones sospechosas y evitar que su actividad sea utilizada como instrumento para estos ilícitos penales.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas cuantiosas, inhabilitaciones y un daño reputación de gran impacto.

En un entorno de creciente escrutinio regulatorio contar con un sistema documentado, actualizado y realmente operativo es la mejor protección frente a una inspección o infracción.

Nuestros servicios incluyen la evaluación inicial de cumplimiento de la organización según los requisitos de la norma de la Ley 10/2010 y su normativa de desarrollo, la identificación y evaluación de riegos, la elaboración de procedimiento de diligencia debida, la designación de órganos obligatorios y sus funciones, la implementación de canales de comunicación interna y el procedimiento de comunicación al SEPBLAC, la formación y el asesoramiento de la designación y soporte del representante ante el SEPBLAC.

Ventajas de su implantación

Cumplimiento de la Ley 10/2010

Detección de operaciones sospechosas

Reducción del riesgo reputacional

Protección ante inspecciones

Implementación de un sistema de gestión

Las normas ISO y UNE posee la misma estructura normativa, lo que supone una ventaja cuando se pretende implementar varias, ya que me permite una integración plena.

Nuestro servicio en esta materia se basa en la realización de las siguientes actuaciones:

Conocimiento de la organización, identificando las actividades y procesos
Identificación de riesgos, análisis y evaluación de estos
Definición de objetivos del sistema
Determinación de los recursos necesario para la implementación
Implementación de un canal de denuncias
Elaboración de políticas, procedimientos y demás medidas para mitigar los riesgos
Formación de las personas interesadas o Stakeholder
Monitorización, revisión y mejora continua del sistema